lunes, 30 de enero de 2012

El frente de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria en la Guerra Civil

El ciclo de conferencias de IU-Verdes sigue el próximo jueves con Juan Marchena, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

En Izquierda Unida-Verdes hemos comenzado un ciclo de conferencias y charlas de la más variada temática con el fin de encontrar un foro de debate y, al mismo tiempo, un lugar de encuentro y difusión de la cultura.

Si el pasado mes de noviembre inauguramos este ciclo con la ponencia de Javier Couso, en esta ocasión contamos con la presencia de dos profesores e investigadores de primer ámbito internacional y de reconocido prestigio en su especialidad. Son el Dr. Juan Marchena Fernández, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y el Dr. Juan Andreo García, catedrático de Historia de América de la Universidad de Murcia.

El sevillano expondrá el próximo jueves, 2 de febrero, en el Auditorio Municipal una charla  titulada: "La memoria obstinada: De libros que defienden la libertad y osos polares chamuscados. El Frente de Filosofía y Letras. 1936".

Una conferencia focalizada en la Guerra Civil, más concretamente en un capitulo apasionante de esta, como fue la batalla de Ciudad Universitaria en Madrid. La intervención va acompañada de la interpretación que de estos hechos ofrecieron escritores de la talla del chileno Pablo Neruda, el peruano César Vallejo y el cubano Alejo Carpentier.

En el mismo acto se proyectará un documental inédito, de ocho minutos de metraje y original de la época, cuyas imágenes reflejan la situación de Ciudad Universitaria de Madrid en aquellas aciagas jornadas.

En dicho acto no se efectuarán intervenciones políticas, el grueso de la temática es totalmente académico y la puesta en escena ofrece una metodología didáctica muy atractiva.

Juan Marchena Fernández

Conferencia de Juan Marchena

·         Título: "La memoria obstinada: De libros que defienden la libertad y osos polares chamuscados. El Frente de Filosofía y Letras. 1936".
·         Fecha: Jueves, 2 de Febrero, a las 20:30 horas.
·         Lugar: Auditorio Municipal
·         Presenta: Juan Andreo, catedrático de Historia de América Latina de la Universidad de Murcia.

jueves, 19 de enero de 2012

Más vigilancia y espacios idóneos para los excrementos de animales domésticos

IU-Verdes pide que aumente la vigilancia y que se habiliten más espacios para que los dueños de mascotas puedan depositar los excrementos de sus animales

Pasear por Yecla se ha convertido en un sorteo continuo de excrementos de animales domésticos que, además de ocasionar malos olores, produce condiciones insalubres y un deterioro estético de nuestras calles que crea malestar entre nuestros vecinos.

Por tanto, exigimos una solución puesto que la ordenanza municipal es muy clara en cuanto a tenencia de animales domésticos. En primer lugar, su artículo 12 (Cap. III, punto 2) prohíbe que los animales domésticos realicen deposiciones “sobre las aceras, zonas verdes y restantes elementos de la vía pública, destinados al paso o estancia de los ciudadanos. El propietario del perro, y de forma subsidiaria la persona que lo lleve, será responsable del ensuciamiento de la vía pública producida por aquél”.

Igualmente, el punto tres de dicha ordenanza dice que “el Ayuntamiento habilitará en los jardines, plazas o parques públicos, espacios idóneos, debidamente señalizados, para el paseo y esparcimiento de los animales y emisión de excretas por parte de los mismos”.

Así pues, y como la ordenanza deja muy claras las obligaciones de unos y otros, pedimos al señor alcalde que tome las decisiones oportunas para el perfecto cumplimiento de esta normativa, colocando más “espacios idóneos” para mayor comodidad de los dueños de animales domésticos y, a su vez, potenciando la vigilancia para que éstos también cumplan con su parte. 


jueves, 12 de enero de 2012

Pésima gestión en el alquiler de las carrozas para los Reyes Magos

Este año no ha habido carrozas, pero de 2009 a 2011 el Ayuntamiento se gastó más de 20.000 euros en alquilarlas. ¿Por qué no las compró entonces?

Este año, los Reyes Magos no pudieron disfrutar de carroza. Muchos padres se quedaron perplejos al contemplar un desfile deslucido y muy poco vistoso. Desde el Gobierno local, se nos informó que había que apretarse el cinturón y que, por tanto, se actuaba con austeridad. Pero en Izquierda Unida-Verdes no creemos que haya sido así, pues el presupuesto para la Cabalgata de Reyes de este año ha sido de 22.508,5 euros, solo 3.500 euros menos que el presupuesto empleado en 2011 (25.977,7 euros). Sin duda, la rebaja en calidad ha sido demasiado notoria para tan poco recorte económico.

De hecho, algunas partidas llaman la atención, como la de gasto en “baratijas, caramelos y otros”. En 2010, esa cuantía ascendió a los 2.000 euros, mientras que este año se quedó en 1.900. Este gasto mínimo sí que se vio reflejado, sin embargo, en la Cabalgata, donde la cantidad de caramelos repartidos fue infinitamente menor a la de los años anteriores.

Pero lo más grave es la pésima gestión que se ha realizado con el alquiler de las carrozas. En 2009, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ya denunció el gasto de 13.500 euros en el alquiler, cuando en el año 2008 el presupuesto para ese mismo menester ascendía a 2.400 euros. Ante tan disparatada subida, el Equipo de Gobierno respondió que se debía a un contrato “renting” (alquiler a largo plazo) muy ventajoso para el Ayuntamiento. Algo que no se vio reflejado al año siguiente, cuando el alquiler de las carrozas ascendió a 4.500 euros.

En resumidas cuentas, la Concejalía de Festejos despilfarró en tres años (2009, 2010 y 2011) la cantidad de 20.100 euros (más IVA) en concepto de alquiler de carrozas. Y aun así, en 2012 nos quedamos sin ellas, a pesar de haber pagado tal cantidad en los años previos. En su momento, ya denunciamos esta situación y aconsejamos al Gobierno que por ese dinero podría haber comprado carrozas en propiedad que habrían servido para muchos años. Pero no se nos hizo caso.

Por eso, pedimos al señor alcalde que explique por qué se han permitido esos derroches y por qué se han pagado unos alquileres tan elevados que después no han repercutido en el patrimonio de Yecla. Asimismo, le exigimos que presente las condiciones del contrato que ha dejado a los niños de la ciudad sin poder ver a Sus Majestades de Oriente en las carrozas, cuando se suponía que ese gasto tenía que estar ya amortizado. 

miércoles, 4 de enero de 2012

Moción al pleno para eliminar la tasa por la recogida de basura en los campos

PROPOSICIÓN MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14, REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

El 31 de julio de 2008, este Ayuntamiento en Pleno aprobó la “modificación de la ordenanza fiscal nº 14, reguladora de la Tasa por recogida de Residuos Sólidos Urbanos”. En aquella ocasión, ante una acción que pensábamos era injusta y desproporcionada presentamos distintas alegaciones, siendo dirimidas en el Pleno celebrado el día 25 de septiembre de 2008, desestimándose en todos los casos.

Por aquellas fechas todavía se estaban quemando las últimas andanadas con pólvora de rey de un país que disfrutaba de hipotecas y préstamos. El resultado de aquellos tiempos lo vemos en la crisis actual, con la terrible consecuencia de un empobrecimiento real de los trabajadores. Ahora resulta muchísimo más gravoso la tasa impuesta por un servicio que en la mayoría de los casos no existe.

En la práctica estamos asistiendo al cobro de una tasa por un servicio que no se presta, es decir sería casi un impuesto, con el agravante de que ese concepto, (el de Impuesto Bienes Inmuebles diseminados), ya está siendo recaudado por el Ayuntamiento. En conclusión, encontramos una duplicidad impositiva con el IBI, algo totalmente prohibido legalmente.

Asimismo, existen casos de construcciones inhabitables y en desuso que están devengando dicha tasa, así como viviendas que no están ocupadas y  por lo tanto no reciben el servicio, por lo que se convierte en impuesto duplicado, como hemos señalado anteriormente.

El pago atrasado de los diferentes trimestres desde octubre de 2008 sólo se debe a la desidia de este equipo de gobierno, que ahora procede a un cobro retroactivo, obligando a los vecinos a un desembolso económico de forma acumulada y en el peor de los momentos posibles.

Creemos que los apartados de la Ordenanza en que se basa la liquidación y el alta en el padrón son ilegales y nulos así como estos actos, a la luz de la legislación vigente y de la jurisprudencia que paso a alegar, en virtud de los numerosos y graves agravios comparativos que supone entre los ciudadanos de este municipio y la imposibilidad de un uso real, efectivo y adecuado del servicio que la tasa retribuye:

Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 2ª, S 20-2-1996. “…existe una reiterada doctrina jurisprudencial que declara que la efectiva prestación de un servicio municipal es presupuesto imprescindible para que pueda exigirse tasa por tal concepto, por cuanto el hecho imponible en el mismo viene constituido por la efectiva prestación de un servicio que beneficie o afecte de modo particular al sujeto pasivo, sin que la mera existencia del servicio municipal sea suficiente para constituir a una persona en sujeto pasivo de la tasa establecida para su financiación, si el servicio no se presta en forma que aquélla puede considerarse especialmente afectada por aquél, en forma de beneficio efectivo o provocación de la actividad municipal.”

TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, S 11-7-2000. “…se impone por la recogida de residuos producidos por los ciudadanos en general (lo que comúnmente se llama recogida de basuras) y por recogida de residuos industriales asimilados producidos por empresas e industrias en general, y sin embargo se exonera del pago de la tasa a los usuarios de inmuebles destinados a residencia o a vivienda, según se deduce del art. 7 de la Ordenanza, lo que supone una infracción de los principios generales del Ordenamiento Tributario, contenidos en los arts. 2, 3 y 20 de la Ley General Tributaria y el art. 133.3 de la Constitución y una discriminación y arbitrariedad, financiando el coste de recogida de basuras de los ciudadanos con la tasa impuesta a las empresas e industrias, que aunque evacuen residuos en mayor cantidad, soportan el coste de un servicio prestado a todos los ciudadanos, con los mismos medios para prestarlo.”

TSJ Murcia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 11-5-1998. “Y esa prueba, por lo que hace a la tasa de basuras, requiere demostrar que el domicilio del pretendido obligado no solo ha dispuesto de un servicio de recogida en su proximidad sino que ha podido beneficiarse del mismo en términos y condiciones que no comporten un sacrificio personal superior al que se considera tolerable a estos efectos en los usos sociales. Es decir, no exigiéndole más que un corto desplazamiento que pueda desarrollar en escasos minutos, y por un vial que no le signifique una incomodidad o inseguridad superior a la ordinaria.”

TSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 24-6-2002. “Así lo viene estableciendo una consolidada doctrina jurisprudencial que en referencia a la normativa en materia de haciendas locales fundamentalmente el artículo 20 Ley 39/1988 de 28 diciembre 1988, en el sentido de que “la efectiva prestación del un servicio municipal es presupuesto imprescindible para que pueda exigirse tasa por tal concepto por cuanto el hecho imponible en el mismo viene constituido por la efectiva prestación de un servicio que beneficie o afecte de modo particular al sujeto pasivo, sin que la mera existencia del servicio municipal sea suficiente para constituir a una persona en sujeto pasivo de la tasa establecida para su financiación, si el servicio no se presta en forma que aquélla puede considerarse especialmente afectada por aquél, en forma de beneficio efectivo o provocación de la actividad municipal” (entre otras STS Sala 3ª de 20 febrero 1996). Sobre la forma en como opera el principio de distribución de la carga probatoria en materia de tasas, resulta atinente la cita de la sentencia del TSJ de Murcia de 11 de mayo de 1998, al prescribir que “la carga de probar el hecho imponible generador de cualquier tributo incumbe a la Administración que reclama su pago. Y esa prueba, por lo que hace a la tasa de basuras, requiere demostrar que el domicilio del pretendido obligado no sólo ha dispuesto de un servicio de recogida en su proximidad sino que ha podido beneficiarse del mismo en términos y condiciones que no comporten un sacrificio personal superior al que se considera tolerable a estos efectos en los usos sociales”.

TSJ Andalucía (sede Granada) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 1-12-2003, nº 3177/2003, rec. 356/1998. Pte: Eseverri Martínez, Ernesto. Así entendida la diferente cuantificación de la tasa, podría quedar justificada siempre que el criterio de diferenciación o trato desigual para los receptores del servicio municipal, encontrara su motivación en el hecho real y constatable de que las viviendas situadas en la zona costera del Municipio demandan un mayor volumen de servicio de recogida de basura domiciliaria, o bien, que por las características concurrentes en esa zona donde se presta el servicio público, requiere de una especial atención que eleva su coste.”

TSJ Comunidad Valenciana Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 28-2-2003. “Los argumentos contra la legalidad de la ordenanza viene apoyados por la doctrina de esta Sala, recogida en sentencias de 10 de noviembre de 1998 y 19 de mayo de 2000, que sostiene: "No es desde luego lo deseable desde un punto de vista técnico, que en materia de determinación de las tarifas, no se expliciten los criterios que ha seguido la administración para fijar las que afectan a cada sujeto pasivo, sobre todo en aquellos supuestos como el que aquí se contempla, en los que se producen notables desequilibrios entre las diversas actividades, pues aunque es cierto que el importe total de lo recaudado por tasas no puede ser superior al coste del servicio, no lo es menos que, cada uno de los usuarios del servicio no esta obligado a pagar mas tasas que, las correspondientes a la parte del coste total que efectivamente provoca y que a él es atribuible.”

Además de todo lo expuesto, hemos escuchado declaraciones del Sr. Alcalde afirmando que dicha tasa no está bien realizada y que el momento no es el idóneo para cobrarla. Creemos que la Tasa debe de ser revisada y anulada.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes PROPONEMOS al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

1º La modificación de dicha tasa,  volviendo a lo estipulado antes del modificado de 31 de julio de 2008, así como aplicar la medida con carácter retroactivo hasta  septiembre de ese mismo año.

2ª Considerar insostenible  económico y medioambientalmente, el servicio de recogida de basuras para todo el término municipal.

3º Estudiar las soluciones a llevar  a cabo para la recogida de basuras en suelo no urbano. Pero de una manera más lógica y eficiente.

Moción para la defensa de la dación en pago

MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS


El crecimiento económico español de los años pasados ha ido estrechamente ligado a la construcción de viviendas y al impulso de la propiedad privada como principal régimen de tenencia. Para alcanzar este objetivo, las entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de controles públicos incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios.

El estancamiento de los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, la ausencia de viviendas de alquiler, unos tipos de interés en mínimos históricos, así como una deficiente supervisión por parte del Banco de España, reconocida por la propia Comisión Europea, empujaron a decenas de miles de familias a endeudarse. Para poder acceder a una vivienda las familias contrajeron hipotecas de hasta 40 años comprometiendo en muchos casos más del 50% de sus ingresos. En muchas ocasiones, además, las hipotecas se concedieron por un importe superior al 80% del valor de tasación, lo que supone una exposición desmesurada al riesgo.

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, muchos españoles han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, siendo la principal causa de endeudamiento de las familias en nuestro país, el crédito hipotecario. La disminución de ingresos hace que en muchos hogares no se pueda afrontar el pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre el ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros.

Concretamente, la regulación actual implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda en la subasta con la que  finaliza el proceso, por tan sólo el 50% del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el pago de la deuda restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. De tal manera que las personas que padecen un proceso de ejecución hipotecaria no sólo pierden sus viviendas habituales, sino que en muchas ocasiones, además, se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de por vida que las excluye definitivamente de cualquier circuito financiero o crediticio.

En esta situación se encuentran muchos ciudadanos de Yecla que pasan por uno de los momentos más difíciles.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y  las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. En la ciudad de Yecla durante el año 2010 se produjeron 98 ejecuciones hipotecarias y hasta el tercer trimestre del 2011 se ejecutaron 62 hipotecas.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”, pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el Estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11).

Es cierto que estamos hablando de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito yeclano, de nuestro municipio, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

De acuerdo con lo expuesto y argumentado anteriormente el G.M. Izquierda Unida-Verdes propone a este ayuntamiento en Pleno los siguientes puntos:

Primero: El Excmo. Ayuntamiento de Yecla en Pleno, pide al Gobierno de la Nación que, tal y como vienen proponiendo numerosas organizaciones sociales de todos los ámbitos territoriales -desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hasta el movimiento social del 15M,-  así como Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago. De manera que, en el caso de que el bien ejecutado sea la viviendo habitual, su adjudicación por parte del banco supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas, tal y como sucede en otros países del entorno europeo o en EEUU.

Segundo: El Excmo. Ayuntamiento de Yecla en Pleno insta al Gobierno de la Nación a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, este Excmo. Ayuntamiento se compromete a estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática.

Cuarto.- El Excmo. Ayuntamiento de Yecla en Pleno dará traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales de Yecla.